El Gobierno implementó una nueva medida que permite a los trabajadores en relación de dependencia derivar sus aportes directamente a las empresas de medicina prepaga, sin necesidad de pasar primero por una obra social. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advertimos que esta decisión fragmentará aún más el sistema de salud, afectando el financiamiento de las obras sociales y dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes dependen de ellas.
¿Qué implica esta nueva resolución?
Hasta ahora, los empleados con cobertura de una obra social podían derivar sus aportes a una prepaga, pero estos pasaban primero por el sistema de obras sociales sindicales. Con la nueva disposición, se permite el traspaso directo a las prepagas, lo que debilita el flujo de ingresos de las obras sociales y pone en riesgo la prestación de servicios para quienes tienen menores ingresos.
Un beneficio para las prepagas, un problema para las obras sociales
Según Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, esta medida favorece a las prepagas, que buscan captar a los afiliados más rentables: jóvenes con buenos sueldos y sin enfermedades preexistentes. Mientras tanto, los sectores más vulnerables, que dependen de las obras sociales, enfrentarán mayores dificultades para acceder a prestaciones de calidad.
Además, Boada advierte que las prepagas continúan aumentando sus cuotas por encima de la inflación, mientras que la recaudación de las obras sociales sigue atada a un porcentaje fijo de los salarios. Esto agrava aún más su desfinanciamiento, poniendo en riesgo la atención médica de millones de personas.
Un modelo que profundiza las desigualdades en salud
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias de esta política, que profundiza la segmentación del sistema de salud en Argentina. En lugar de fortalecer un esquema solidario que garantice el acceso a la salud para toda la población, se fomenta un modelo donde la atención de calidad queda reservada solo para quienes pueden pagarla.
Seguiremos denunciando estas medidas que atentan contra los derechos de los usuarios y consumidores, y promoviendo políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la salud.
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