Desde la “Unión de Usuarios y Consumidores” expresamos nuestra adhesión a la aprobación de la llamada ley de expropiación de las acciones de Repsol. Diversas cuestiones, todas de fundamental importancia, son tratadas por la norma en cuestión. Entre otras podemos mencionar:
1) De vital importancia es la declaración del “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones”. Estos objetivos de las políticas públicas del sector nunca debieron ser abandonados por nuestro país, y con alegría vemos que se está revirtiendo en acciones como el dictado de la presente ley, las nefastas consecuencias de la década del noventa.
2) También de fundamental importancia es la expropiación de YPF, para utilizarla como herramienta para el cumplimiento de estos fines. Repsol se desarrolló pensando en el beneficio propio, y no en el beneficio de nuestro país. Entre otras cuestiones, sobre-explotó las reservas que poseíamos y no realizó una inversión adecuada a fin de realizar la necesaria exploración; privilegió la exportación de gas –cuestión a la que nos venimos oponiendo desde 1995- y descuidó el mercado interno; reiteradamente violó los acuerdos de precios vigentes sobre el GLP perjudicando a los sectores de peor condición económica, generó en reiteradas oportunidades crisis por falta de adecuada provisión de combustible a los puntos de venta, privilegió la producción de combustibles premiun en detrimentos de las líneas más económicas y un sinfín de irregularidades más, perjudicando a los consumidores y a la sociedad en su conjunto. Por ello, la expropiación de las cantidades de acciones necesarias como para recuperar y mantener el control estratégico y operativo de la empresa y posibilitar su uso como herramienta para el cumplimiento de la política de estado antes mencionada, es un necesario acto de ejercicio pleno de nuestra soberanía hidrocarburífera y energética . A partir de ahora nuestra YPF regulará el mercado de los combustibles y los precios podrán referenciarse en función de nuestros costos de producción y no en relación a los precios internacionales.
Debemos entender que la defensa del consumidor no sólo apunta a las cuestiones que surgen en la relación individual de consumo. Compartimos la visión de que necesitamos para nuestro sistema económico una mayor intervención del Estado y un mejor mercado. Todas las acciones que tiendan a la conformación de mercados cada vez más desconcentrados y a una participación cada vez mayor del Estado en la economía –por lo menos en las áreas estratégicas y en los servicios públicos- nos traerán beneficiosas consecuencias. No hay sociedad económica y socialmente sustentable, ni usuarios protegidos; si dejamos en manos del insaciable mercado las áreas estratégicas de nuestra economía.
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