Por Natalia López Marnero
desde San Miguel de Tucumán,
tesorera de la filial Tucumán.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores celebramos la reciente adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley n° 27.499 denominada Ley Micaela, la cual establece la obligatoriedad de capacitación de las y los trabajadores del Estado en su conjunto en materia de género y violencias de géner
o hacia las mujeres y diversidades, con la finalidad de prevenir y erradicar este flagelo. Esta problemática no nos resulta ajena, ya que como asociación a diario nos toca defender nuestros derechos ante el Estado cuando asistimos a conciliaciones, cuando somos parte en procesos colectivos o bien cuando proponemos algún proyecto de ley y entendemos que el trato digno hacia todas las y los usuarios y consumidores se debe procurar no sólo de los proveedores de servicios y productos sino también de las y los agentes del Estado, quienes deben entender su rol parcial en favor nuestro en una relación de consumo. Por eso nos merecemos un Estado activamente tuitivo y con perspectiva de género que garantice igualdad y erradique la violencia.
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