El acceso a la vivienda en Argentina atraviesa una crisis marcada por el descontrol de los alquileres y la inestabilidad contractual, situación que se agudiza tras la derogación de la Ley de Alquileres y la liberalización del mercado inmobiliario. Este escenario genera dificultades para miles de familias que, en un contexto de alta inflación y salarios en constante deterioro, ven cómo el costo de alquilar una vivienda se dispara sin una regulación efectiva.
Alquileres por las nubes y contratos inestables
Desde diciembre de 2023, la eliminación de la Ley de Alquileres permitió a los propietarios fijar precios y condiciones de manera más libre. Esta desregulación ha provocado:
• Aumentos superiores al 300% en los valores de alquiler durante el último año, según análisis de consultoras del sector inmobiliario.
• La proliferación de contratos en dólares, a pesar de que la mayoría de los ingresos de los inquilinos se generan en pesos.
• Reducción de los plazos contractuales, lo que incrementa la incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes alquilan.
• Exigencias de depósitos y garantías más elevadas, dificultando el acceso a una vivienda digna.
Impacto en el bolsillo de los inquilinos
En un contexto de alta inflación –según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde la inflación anual se sitúa en cifras significativas—, se estima que más del 50% de los hogares que alquilan destinan más del 40% de sus ingresos exclusivamente al pago del alquiler. Esta situación agrava la precariedad y limita el poder adquisitivo de las familias.
El rol del Estado y la necesidad de regulación
La ausencia de un marco normativo sólido ha generado un escenario de incertidumbre y abuso en el mercado de alquileres. Organizaciones de defensa del consumidor y asociaciones de inquilinos exigen medidas urgentes que incluyan:
• Un marco normativo que proteja a los inquilinos de aumentos desproporcionados y establezca condiciones claras para la renovación y duración de los contratos.
• Regulación y control de los contratos en moneda extranjera, para evitar la exposición a la volatilidad del tipo de cambio.
• Incentivos para la construcción de viviendas accesibles y la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda, en línea con las directrices del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
¿Qué pueden hacer los inquilinos?
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, alentamos a los inquilinos a:
• Denunciar prácticas abusivas ante organismos de defensa del consumidor.
• Organizarse colectivamente para exigir condiciones justas en el mercado inmobiliario.
• Buscar asesoramiento legal antes de firmar cualquier contrato de alquiler.
Conclusión
El derecho a una vivienda digna es un derecho humano fundamental. Ante una crisis habitacional que afecta a miles de argentinos, es imperativo que el Estado implemente políticas reguladoras que protejan a los inquilinos y aseguren el acceso a viviendas a precios justos. La transparencia y el control en el mercado de alquileres son esenciales para revertir esta situación y garantizar el bienestar de la población.
Fuentes consultadas: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Banco Central de la República Argentina (BCRA), informes sectoriales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
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