Imagen: Cuenta Oficial de Twitter de Claudio Boada, abogado y director de la Unión de Usuarios y Consumidores.

1. ¿Qué opinión le merecen las nuevas Intervenciones en los Entes Reguladores dispuestas por el Gobierno Nacional?
La designación de nuevos directorios en los Entes Reguladores se enmarca en la necesidad de establecer nuevas reglas del juego y trabajar para el reconocimiento de los servicios públicos domiciliarios como DDHH Básicos, esenciales para la vida.

Entiendo al nombramiento de los actuales interventores como un paso hacia la consolidación de Entes Reguladores al servicio de la sociedad en su conjunto y entre cuyas funciones está la defensa de los derechos de los usuarios. También es un primer paso para la designación de nuevos Directorios.

Tanto Basualdo como Bernal merecen mi reconocimiento por la lucha que han realizado estos últimos años en contra de la visión macrista de los servicios públicos, lucha realizada desde distintas trincheras. Me parece que en ambos casos los aportes que pueden realizar a esta nueva etapa son muy valiosos porque estamos ante funcionarios que pondrán siempre adelante las necesidades del pueblo.

2. Apenas asumieron los nuevos Interventores, diputados del Bloque de Juntos por el Cambio cuestionaron estas designaciones presentando un Proyecto de Ley para anularlas… ¿Cuál es su opinión al respecto?
No conozco personalmente a los firmantes del proyecto aunque conozco la trayectoria de su sector político. Con este proyecto no sólo se oponen al avance que significa la designación de los interventores, sino que quieren formar una empalizada de protección para demorar y destruir el avance que la designación de los interventores significa.

Pensemos que entre las facultades dadas a los mismos se encuentra la revisión de los Concursos Públicos que fundaron las designaciones de los miembros de los Directorios. Este proyecto no busca sólo obstruir la designación de interventores, busca claramente mantener las políticas energéticas del macrismo.

Proyecto de Ley de Ley de los diputados Mario Raúl Negri y Juan Manuel López de Juntos por el Cambio para derogar los Decretos 277/2020 y 278/2020 del Poder Ejecutivo Nacional mediante los que se designaron al Lic. Federico Basualdo (ENRE) y al. Dr. Federico Bernal (ENARGAS).

3. ¿Cuál es la función que deben cumplir los Entes Reguladores?
Las funciones que le marca la ley, incluyendo entre ellas la protección de los derechos de los usuarios. No sólo residenciales, sino del abanico de afectados por las políticas neoliberales del macrismo, y allí están los clubes de barrio, las recuperadas, las cooperativas, las pymes, las industrias culturales, y la lista sigue casi interminablemente.

También hay que mencionar aquí a los sindicatos y los centros de jubilados, que representan a sectores fuertemente afectados por las políticas macristas. Hoy los entes deben ser adalides en la recuperación de derechos, empieza por tarifas justas y razonables, pero va mucho más allá.

4. ¿Cuál fue el desempeño de estos Entes durante la era Macri? ¿Qué rol jugaron en ellos las empresas energéticas?
Rememorando una consigna utilizada por la fórmula ganadora en las elecciones del año 73 (que no todos por la edad recordarán) diría «CEOs al Gobierno, Corporaciones al Poder».

Se dice habitualmente «las empresas en ambos lados del mostrador» pero aclararía «las grandes corporaciones en ambos lados del mostrador», las empresas cooperativas o las pymes no figuraron entre los beneficiados del macrismo.

Los entes funcionaron como gestores de las grandes corporaciones para beneficio de ellas y pérdida de derecho de los usuarios en general. Por caso, podemos tomar el de Chambouleyron, testigo serial en el CIADI contra los intereses nacionales.

5. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores presentaron una medida judicial en este sentido… ¿Podría contarnos en qué consistió puntualmente dicha presentación?
Hicimos una presentación judicial cuestionando la convocatoria a Concurso Público para la elección de miembros del Directorio del Enargas porque la falta de representación de los consumidores en el directorio del ente atenta contra la garantía del art. 42 de la Constitución Nacional.

La convocatoria centró la exigencia de los requisitos para quienes aspiraban a integrar el Directorio del ENARGAS, en determinados recaudos técnicos y aun gerenciales, pero sin ninguna referencia a antecedentes en la defensa y tutela de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios públicos.

La falta de previsiones en la norma que convoca el Concurso Público, respecto de la idoneidad en materia de derechos humanos, derechos de incidencia colectiva de consumo, conocimientos legales en materia de derechos de los consumidores y usuarios, debidamente acreditados y respaldados académicamente y en campo, es decir como participante activo, -por ejemplo, en actividades que llevan a cabo organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de la defensa de estos derechos, tanto desde el ámbito académico y/o en los medios y redes sociales-, pone en evidencia que se buscó evadir el cumplimiento de la misión y objetivos del organismo, así como sus fines y funciones legalmente determinadas.

Imagen: Twitter Oficial de Claudio Boada, abogado y director de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Sostiene el Anexo I de la Resolución 142/2016 ENARGAS, que a los fines del concurso serán evaluados los postulantes en relación con los siguientes parámetros, a saber: «Los antecedentes técnicos y/o profesionales en cuestiones atinentes a la industria del gas natural y su regulación. Los antecedentes académicos vinculados al sector energético. La antigüedad en el sector y los cargos desempeñados. Las habilidades de gerenciamiento comprobables teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las tareas desarrolladas».

Pareciera que se trataba de cubrir un cargo estrictamente gerencial dentro de un organismo destinado naturalmente a la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, pues su función primordial es la de controlar las tareas que llevan a cabo las empresas de provisión y distribución de gas, conforme lo tiene establecido el marco regulatorio, art. 52 de la Ley 24.076. Por estos argumentos planteamos la acción judicial.

6. ¿Cuál fue el desenlace que finalmente tuvo en la Justicia?
El amparo judicial ha tenido resolución de Primera y Segunda Instancia estando en este momento apelado por nuestra parte ante la Corte Suprema de Justicia.

La justicia reconoce que el derecho de «necesaria participación» en los entes reguladores (art. 42 CN) es operativo (no necesita de una ley o decreto que lo reglamente) pero con severa incongruencia -a nuestro entender- sostiene que el llamado a concurso (que reconoce no permite la participación de especialistas en defensa de usuarios y consumidores en el Directorio) no es nulo.

Sostienen necesario dejar en manos del poder legislativo la función de establecer los mecanismos necesarios para que los defensores de usuarios y consumidores puedan formar parte del Directorio del Enargas.

Nuestra apelación a la Corte Suprema se debe a esta incongruencia, porque se reconoce todos los derechos que sostenemos y se dice que los mismos son operativos, pero no se decreta nulo el Concurso irregular. Como dice la frase popular «tienen razón pero marche preso».

Esperamos que la Corte cambie el rumbo. Pero aún si fuera rechazado nuestro recurso y se confirmara la actual sentencia es claro que el Congreso Nacional se debe dedicar a cumplir con el pueblo y los usuarios y consumidores dictando la ley que permita el acceso de los mismos a los Directorios de los Entes reguladores de servicios Públicos y no a estorbar dicha posibilidad como pretenden algunos diputados.

Entes abiertos y participativos
Desde que los Entes Reguladores fueron intervenidos por el Gobierno Nacional, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la convocatoria a las organizaciones y asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores fue permanente y distintiva.

Sin ir más lejos, este Observatorio informó sobre la teleconferencia que el ENARGAS mantuvo con representantes de la Red Nacional de Multisectoriales a mediados del mes de abril (ver bibliografía). En el mismo sentido, también el ENRE realizó una reunión virtual -de la que OETEC participó- con diferentes actores vinculados al tratamiento y al estudio de las problemáticas populares asociadas a la cuestión tarifaria y energética (ver bibliografía).

Fuente: Prensa ENARGAS (14 de abril de 2020). Imagen de la teleconferencia mantenida entre las autoridades de ENARGAS y los representantes de la Red Nacional de Multisectoriales.

Restará ahora, como bien dice Boada, revisar los Concursos Públicos que fundaron las designaciones de los miembros de los Directorios de los Entes. Ésta es, precisamente, una de las tantas facultades que tienen los nuevos Interventores.

Para ello, será fundamental ajustar los mecanismos de selección a fin de que los representantes de las organizaciones de defensa al consumidor pero también todos aquellos ciudadanos comprometidos con las políticas energéticas y la prestación de los servicios públicos puedan participar.

No obstante, la convocatoria de los Entes a todos aquellos actores que trabajan con las problemáticas in situ de los usuarios y usuarias de todo el país ya es elevar la participación y la escucha ampliando la mirada y abarcando las expresiones vigentes en todo el territorio nacional. Una diferencia clave respecto de la actitud que tomaron las recientres administraciones de dichos organismos.

Conclusión
La mirada que puedan brindar las organizaciones ciudadanas y de defensa de los usuarios resultará clave en las tareas que el ENARGAS y el ENRE tienen por delante en relación a la revisión de todo lo actuado y heredado en materia tarifaria, como así también de cara al establecimiento de tarifas justas, razonables y asequibles.

Asimismo, contribuirá a dar un marco más acabado a las Audiencias Públicas, no ya como meras instancias de justificación de los aumentos sino como convenciones vinculantes relacionadas a los servicios públicos energéticos.

Pero para que la convocatoria llegue a la mayor cantidad de compatriotas posibles, se requerirá instrumentar una profunda descentralización territorial de los Entes Reguladores. En ello, ya están trabajando tanto el ENRE como el ENARGAS a través de distintos mecanismos.

Celebramos, por tanto, que ambos organismos hayan abandonado la función de defensa corporativa y empresarial que hasta hace apenas unos meses los caracterizaba y estén funcionando alineados tras los intereses de los usuarios y las usuarias de los servicios públicos de gas y electricidad. La voluntad de apertura, participación, escucha, y sobre todo, defensa ciudadana de todas sus medidas así lo demuestran.