Nuestra dirigente Fernanda Lacey, presidenta de la filial de la UUyC de Tres de Febrero dialogó con el programa de radio “Derechos a la carta” sobre la derogación de las 69 regulaciones mediante la resolución 51/2024 que impuso el gobierno de Javier Milei. La abogada brindó detalles de la limpieza jurídica que realiza el oficialismo sobre las regulaciones que están relacionadas con los derechos de los consumidores. Dichas informaciones semanales sobre el sistema de precios de supermercados, medicinas y educación privadas, es así como productos estratégicos para el desarrollo humano operado por círculos privados otorgaban conocimientos sobre la circulación de sus bienes y servicios para evitar los circuitos de mercadería ilegal, desleal, deshabilitar engaños y abusos a los consumidores.
Tales regulaciones representaban un sistema de información donde el proveedor tenía la obligación de brindarle a la secretaria de comercio de la nación para desarrollaba controles como multas, o bien políticas públicas para el bienestar de los derechos de los consumidores como fue precios cuidados. Todo se desarrolló en el discurso social de la libertad de mercado y de la libertad de poder contar sin trabas cuando en realidad están destituyendo al Estado Nacional de un insumo para pensar resoluciones y disposiciones que empoderen al consumidor; ejemplo es el sistema de etiquetado y rotulo de productos nuevo.
De este modo, se puede decir que volvemos a una conflictividad sectorial ya que fueron posturas legales e institucionales para limitar reclamos que vienen desde los años ochenta y noventa. Más allá que podemos coincidir o no, el gobierno nacional está plantando un tema de caos beneficiando a los poderosos en la asimetría económica-social de nuestra sociedad generando las pautas de un Estado ausente. Es decir, todo concluye en despojar a la mayoría de los ciudadanos de derechos sociales, económicos y políticos.
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