Tucumán tiene una ley desde 2017 para salvaguardar la vida de las personas electrodependientes. Las muertes mostraron que esa Ley no se cumplía. Una investigación de la Unión de Usuarios y Consumidores filial Tucumán, junto a la Defensoría Del Pueblo impulsaron el trabajo que dio respuesta a las personas que necesitan ni más ni menos que respirar.
Los usuarios electrodependientes necesitan un servicio de energía eléctrica que alimente de manera constante y con niveles de tensión adecuados los equipos eléctricos prescriptos por un médico. Su vida depende de ello.
La provincia de Tucumán se adhirió a la Ley Nacional Nº 27.351 de Electrodependientes sancionada el 17 de mayo de 2017, mediante Ley Provincial Nº 9.023 de junio de 2017. Se reglamentó dos años después.
Esta ley establece la gratuidad del servicio eléctrico para las personas que dependen de la electricidad para vivir y la entrega de una fuente alternativa de energía, sistema de alimentación ininterrumpida o grupo electrógeno, que garanticen la provisión del suministro eléctrico.
Sin embargo, hasta 2022, cinco años después de sancionada la Ley, las personas electrodependientes en Tucumán, no contaban con ninguno de los beneficios para los cuales fue creada la normativa.
“Como tenemos el ejercicio de leer los boletines oficiales, nos encontramos con una resolución del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) la cual procedía a registrar y a ordenar la entrega de equipamiento para 64 pacientes”, cuenta a La Unión Web, Miguel Paz, director de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo y presidente de la filial Tucumán de la Unión de UyC.
“Nos llamó la atención, ya que nunca nos enteramos de los protocolos ni tampoco de campañas de concientización, e iniciamos una investigación la cual determinó que desde 2017 a marzo de 2022 no se habían entregado ni una fuente alternativa de energía por parte del ente regulador, agravando aún más, cuando constatamos que algunos pacientes habían fallecido esperando estos equipos”.
Paz, que además es abogado, señala que esta investigación expuso el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y una omisión por parte de todo el Estado Provincial. Iniciaron un amparo judicial, el primer amparo colectivo por electrodependientes del país, con gran repercusión y cumplimientos inmediatos.
Respuestas concretas
Hoy en Tucumán hay registradas 400 personas electrodependientes. “Nuestra asociación en conjunto con la Defensoría del Pueblo y el SIPROSA fue articulando acciones conjuntas en el acompañamiento, difusión e inscripción de más pacientes en todo el territorio provincial”, aclara Paz y agrega que a la fecha se entregaron setenta (70) grupos electrógenos.
Además, en un mismo trabajo conjunto, ambas entidades, indican a las personas que se sientan vulneradas en sus derechos o de sus parientes por ser electrodependientes, que se acerquen a la Defensoría para solicitar asesoramiento en la calle San Marín 223, de San Miguel de Tucumán, llamen al teléfono 381-6713294.
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