El lunes, en un contexto político marcado por el negacionismo y el avance de políticas que ponen en riesgo derechos adquiridos, cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país en una nueva conmemoración del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, donde organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales y sectores políticos se unieron para exigir justicia y reafirmar el compromiso con la memoria. Las consignas de este año tomaron una relevancia particular, con mensajes que alertaban sobre el riesgo de impunidad y el intento de reescribir la historia con discursos de “memoria completa” impulsados desde el Gobierno nacional.






Un contexto de vulneración de derechos
La conmemoración del 24 de marzo se dio en un escenario de fuerte ajuste económico y social que impacta directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. La aceleración de la inflación, los tarifazos en los servicios públicos, el recorte en programas de salud y educación, y la flexibilización de las normativas laborales han generado un fuerte deterioro en las condiciones de vida.
En materia de derechos humanos, organismos denunciaron la creciente criminalización de la protesta social, con protocolos de seguridad que buscan desalentar la movilización a través de la represión y la judicialización de manifestantes. La reciente represión a jubilados y trabajadores en el Congreso, sumada a las amenazas de recortes en las políticas de memoria y derechos humanos, configuran un escenario preocupante que se vio reflejado en las consignas de la marcha.
Además, los derechos de los consumidores y usuarios también se han visto seriamente afectados. La desregulación de los precios de bienes y servicios esenciales, la eliminación de controles sobre empresas de primera necesidad y el avance del sector privado sobre áreas estratégicas como el transporte y la energía han dejado en una situación de vulnerabilidad a millones de argentinos. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, se ha denunciado que estas medidas profundizan las desigualdades y afectan especialmente a los sectores de menores ingresos, quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.
Una movilización masiva y diversa
Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones, leyeron un documento que enfatizó la necesidad de resistencia ante este panorama de crisis social y económica, destacando que la dictadura no solo dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, sino que implementó un modelo de miseria planificada que sigue teniendo consecuencias en la actualidad.

La diversidad y la juventud también marcaron presencia en la movilización, con columnas de organizaciones feministas, de diversidad sexual y centros de estudiantes que se sumaron con consignas contra el ajuste y la criminalización de la protesta.
En paralelo, en diversas ciudades del país también se realizaron actos y movilizaciones multitudinarias, consolidando una de las marchas más masivas de los últimos años.
En tiempos donde los derechos de los consumidores y usuarios también se ven amenazados por políticas de ajuste y desregulación, la lucha por la memoria se enlaza con la defensa de un país más justo y solidario.
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